La vasca ha perdido el norte. El sentido de la orientación. Quizás nunca lo tuvo. Anduvo errante tanto tiempo, a la zaga de la dictadura, que ha terminado por no saber dónde está de pie. La vasca de Garzón es, en realidad, la cuadrilla del pifostio. Con perdón de la Real Academia. La panda del disturbio, del abuso, del exceso, de la alteración.
El grupo de amigos convocados en la Complutense por Méndez y Toxo están que trinan con el Tribunal Supremo. La cuadrilla se agita, nerviosa, como animal rabioso, a causa del más que probable procesamiento del juez estrella. Un ímpetu colérico se ha apoderado de ella. Tal es su desazón, que algunos de sus miembros han cargado contra el Altísimo Tribunal. Que si falangistas, que si franquistas, que si cómplices de no sé qué crímenes. Arrechucho incontenible el de estas personas que, en vida de Franco, callaron cobardes y han tardado treinta y cinco años para asegurarse de la muerte del dictador. Gallardía sublime, que diría el Forges que fue.
El asunto es simple, señor Villarejo. Muy sencillo, señor Mena. Cabal, señor Zarrias. Tanto que este articulista empieza a dudar de la buena fe de tan significados señores. Sea a sabiendas o por ignorancia, los nombrados han efectuado unas declaraciones tan horribles que se auto descalifican. El señor Garzón no ha sido imputado por la Falange. La Falange se ha limitado a denunciarlo. La imputación la realiza un juez. Ni más ni menos que un juez. Mediante un Auto debidamente motivado. No se ha producido condena. Todavía. En un Estado de Derecho, las garantías son indeclinables. El proceso judicial ha de seguir su marcha. Conforme a ley. Los señores Villarejo y Mena han sido fiscales. Lo saben. Y aunque lo saben, muerden dialécticamente.
En 1977 se promulgó -muerto Franco- la Ley de Amnistía. Ciertamente es una ley preconstitucional. Pero no es una norma franquista. El mismo Garzón la esgrimió para rechazar una denuncia contra Santiago Carrillo. Si fue válida entonces, ha de serlo hoy en tanto no se ha derogado. Con independencia de que Garzón careciera de competencias para entender en el caso, que no las tenía, la coherencia ha de guiar la conducta de la judicatura.
En este sentido, el señor Garzón estaba enterado de que Franco había muerto en 1975. Del mismo modo que tenía la obligación de saber -pues la ignorancia sería inexcusable- lo que dice esta ley. No obstante, le refrescaré la memoria. Verán: en sus artículos primero y segundo, se explicita toda una pluralidad de actos que están amnistiados. En los artículos terceros al quinto se amplía el espectro a faltas e infracciones de todo tipo, “con la sola exclusión de las tributarias”.
El artículo sexto es determinante en cuanto recoge textualmente la “extinción de la responsabilidad criminal...”. Item más: si el señor Garzón pretende encausar a Franco y Franco ha muerto, ¿cómo podrá defenderse el que fuera dictador de España? ¿O acaso Garzón, Villarejo, Mena, entre otros insignes juristas y constitucionalistas, niegan esta facultad a según qué personas?
Me recuerda un caso en el que debí articular. Cierto profesor advirtió, un año después de haberla aprobado, que una alumna había copiado en todos los exámenes de su asignatura. La advertencia procedió de una denuncia firmada por otra alumna a la que se había pillado in fraganti en la copia de chuletas varias. El profesor, sumido en su mandorla de pantocrátor justiciero, aprovechó que la estudiante seguía en la Facultad, decidió rectificar las actas y suspenderla. Por más que se le reconvino oficialmente sobre la improcedencia del acto, el docente persistió en su empeño. La chica recurrió y la Universidad le dio la razón. A la joven copista/copiadora. Sin embargo, no se suspendió, siquiera cautelarmente, al catedrático. Infractor no sancionado. Corporativismo. Algo peor. Garzón se equivocó. ¿Prevaricó? Habrá que verlo.
Derecho y derechos. Derechos y Derecho. Las politiquerías, como las venganzas, no deben tener asiento en un Estado en el que la Ley, sólo la ley, impera. Si no, a Cuba. O a Venezuela.
